domingo, 17 de junio de 2012

HECTOR J. ZIMERMAN - LA REFORMA POLÍTICA

Materiales para Derecho Político 13

 
-Seminario de Formación Política-

La Reforma Política

La Ley 23298, sancionada el 2  de diciembre de 2009, y promulgada parcialmente el día 11 del mismo mes y año, lleva por título LEY DE DEMOCRATIZACION DE LA REPRESENTACION POLITICA, LA TRANSPARENCIA Y LA EQUIDAD ELECTORAL.

Cabe recordar que con motivo de la crisis del 2001, durante el gobierno de Duhalde, se estima en un número que pasa la centena, la cantidad de  Proyectos presentados en el Congreso de la Nación, con finalidad de paliar los déficit de la representación clásica, y la pérdida de la funcionalidad tradicional de los partidos políticos.

El intento de reformar la actividad de los partidos, y de dotar de transparencia los procesos electorales con la normativa recientemente sancionada, parte del mismo título de la ley, y ya ha motivado peticiones de declaración de inconstitucionalidad de la misma, principalmente proveniente de las agrupaciones partidarias en lo referente al piso exigido (4º/oo ) como caudal específico de afiliados dentro del total de los inscriptos en el padrón electoral correspondiente a cada distrito, atento al hecho de que el incumplimiento de este requisito es causal de declaración de caducidad de la personería jurídico-política, lo que lisa y llanamente implica la imposibilidad de participar de la contienda electoral y quedar excluidos de  postular candidatos para cargos electivos nacionales, y de Parlamentarios del MERCOSUR.

Esta discutible ley, en realidad debe ser analizada en relación a cuatro normas específicas, a las cuales modifica o complementa siendo ellas, la Ley Orgánica de los partidos políticos, la de Financiamiento de los partidos, el Código Electoral, y la Regulación de los medios de comunicación.

Esta conexidad resulta de la actividad regulatoria y de control que ejerce el Estado sobre los partidos, y que no se agota con la obtención de la personería jurídico-política, sino que va mas allá efectuando contralores de tipo ideológico, funcional, y económico financiero. La exigencia de mantener un número mínimo de afiliados como requisito ineludible, se complementa con la obligatoriedad de la realización de internas partidarias primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), con el objetivo que las candidaturas propuestas respondan realmente a la voluntad de los afiliados y que las agrupaciones se constituyan como organizaciones políticas de carácter permanente, mas allá de las campañas electorales, y retornen a una de sus funciones básicas, nuclear a personas que comparten principios e ideas comunes, formulando programas de gobierno en caso de acceder a los órganos intervinientes en los procesos de decisión de las políticas públicas. Esto se complementa con la continuidad del espacio o ámbito adecuado para la formación y capacitación de los liderazgos políticos, en razón de tener los partidos el monopolio de la postulación de candidatos para cargos electivos, y de forma independiente al hecho de llegar o no, sufragio mediante, dotar de conocimientos idóneos al funcionariado público.

De haber surgido en las últimas experiencias electorales los candidatos como un resultado visible y palpable de la deliberación, y de procesos internos de los partidos, la actual reforma sería totalmente innecesaria. Contribuye también a la obligatoriedad de las primarias, la poca predisposición de los votantes a manifestar su voluntad en las ocasiones que las mismas se efectuaron por iniciativa de los partidos con carácter facultativo, como en el caso de la determinación de la fórmula presidencial que propuso a De la Rúa – Álvarez, para el período siguiente a la culminación del mandato menemista.

Sería un error también clasificar a las alianzas en electorales y programáticas, por la sencillas razón de que las programáticas son siempre electorales, pero lo que pretende corregir la nueva ley, es que no se agoten las alianzas en el acto electoral, sin haber pasado previamente por las internas partidarias, con el agravante que en las elecciones generales ya se ha demostrado que muchos partidos obtienen porcentajes inferiores en sumo grado a la cantidad de afiliados que registran sus padrones internos. Por otra parte los partidos pequeños que realmente no representan mayor significancia dentro del padrón general han podido subsistir en las provincias con las denominadas listas colectoras, o la postulación para más de un cargo electivo, en caso de desdoblamiento del llamado electoral, situación expresamente prohibida ahora para cargos nacionales.
En este sentido, la imposibilidad de postulación de candidatos a la elección general, sin pasar por las primarias,  transparenta en mayor medida la llegada de quienes cuentan con mayor consenso, y obliga a los partidos a trabajar con una mayor amplitud, restringiendo los reiterados acuerdos de cúpula.

En un plano mas dificultoso, la corrección o el cumplimiento estricto de los aportes para las campañas, en cuanto a quienes pueden realmente efectuarlos, o la declaración de todos los ingresos percibidos fuera del financiamiento estatal, mas que una normativa expresa y coherente, necesita  realzar la cultura política del electorado, de las corporaciones económicas, de los gremios, y de los funcionarios públicos. Particularmente, en el último caso, respecto de la utilización de los bienes del Estado, y de las políticas clientelares, en épocas de campaña.

No sabremos realmente si esta nueva concreción legislativa del Congreso Nacional, dará los frutos esperados, pero si constituye un avance para el freno del gasto desmesurado del erario público, con el acortamiento de las campañas, y el modo propuesto –perfectible por cierto-, del uso de los medios de comunicación, y la difusión de los estudios de opinión pública relativos a tendencias electorales. El solo hecho de difundir quien los encarga y los paga, la exigencia de publicar las consultoras que los realizan, la metodología utilizada, la cantidad de casos relevados, y otros requisitos complementarios, revitalizan la importancia de los sondeos como una herramienta vital para el análisis de las políticas públicas, enlazando la implementación de las mismas con las correcciones necesarias para un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, y no reducir esta técnica a un mecanismo mas del hoy denominado marketing político.

La ley prevé otras situaciones, que no serán comentadas en este artículo, pero en el fondo, lo aquí expuesto, puede constituir en la práctica un paso importante en la mejora de la calidad de los políticos que representan la voluntad popular, a la par de incrementar la responsabilidad del electorado en los procesos de elección de los gobernantes que –aunque quieran o no- regirán nuestro destino respecto de la res pública. Si apatía es lo que sobra, compensemos –aunque sea parcialmente- el desencanto general con una cuota de optimismo.

Héctor J. Zimerman